¿Puede una comunidad de propietarios obligar a retirar un jacuzzi instalado en una terraza privada? La Audiencia Provincial de Málaga acaba de responder a esta cuestión con una sentencia que marcará el criterio en numerosos conflictos de propiedad horizontal.

En Providens Abogados, especialistas en Derecho Inmobiliario y Propiedad Horizontal, analizamos las claves de esta importante resolución y qué consecuencias tiene para propietarios, presidentes de comunidades y administradores de fincas.

La Audiencia Provincial de Málaga da la razón al propietario

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga (SAP 3/2026, de 8 de enero de 2026) confirma la desestimación de la demanda presentada por una comunidad de propietarios que pretendía obligar a retirar:

• Un jacuzzi instalado en una terraza.
• Una barandilla de cristal.
• La pintura interior de la terraza.

Además, la comunidad solicitaba el cese de supuestas actividades molestas relacionadas con el alquiler turístico.

Sin embargo, la Audiencia rechaza todas las pretensiones de la comunidad al considerar que no consiguió acreditar los hechos esenciales en los que basaba su demanda.

¿Es legal instalar un jacuzzi en una terraza?

Esta es probablemente la pregunta que más búsquedas genera en Google.

La respuesta de la sentencia es clara:

Depende.

No existe una prohibición automática.

Lo verdaderamente importante es demostrar que el jacuzzi:

• compromete la seguridad del edificio;
• afecta a elementos comunes;
• altera la estructura;
• o perjudica a otros propietarios.

En este caso, la comunidad afirmaba que el peso del jacuzzi podía afectar al forjado y provocar daños.

Pero cometió un error fundamental:

No aportó un informe pericial.

La Audiencia recuerda que quien alega un riesgo estructural tiene la carga de probarlo.

No basta con sospechas o afirmaciones.

La prueba técnica resulta imprescindible.

La Ley de Propiedad Horizontal no prohíbe cualquier obra

Muchas comunidades interpretan el artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal como una prohibición absoluta.

Y no es así.

El artículo 7 permite al propietario realizar obras en sus elementos privativos siempre que:

• no afecten a la seguridad del edificio;
• no alteren la estructura;
• no modifiquen la configuración exterior;
• ni perjudiquen a otros vecinos.

En este caso, el jacuzzi:

• estaba simplemente apoyado sobre el suelo;
• no requería obras;
• no estaba anclado;
• apenas era visible desde el exterior;
• y no se acreditó ningún perjuicio.

Por ello, la Audiencia concluye que la comunidad no podía exigir su retirada únicamente por discrepar de su instalación.

El gran mensaje de la sentencia: cuidado con el agravio comparativo

Probablemente el aspecto más interesante de esta resolución no es el jacuzzi.

Es otro.

La comunidad llevaba años permitiendo que numerosos vecinos realizaran modificaciones similares:

• cerramientos de cristal;
• cambios en barandillas;
• alteraciones estéticas.

Sin embargo, únicamente demandó a este propietario.

La Audiencia considera que esa actuación vulnera el principio de igualdad y constituye un supuesto de trato discriminatorio y posible abuso de derecho.

En otras palabras:

Una comunidad no puede mirar hacia otro lado durante años y, después, actuar únicamente contra un vecino.

La tolerancia mantenida en el tiempo puede convertirse en un consentimiento tácito.

¿Qué dice esta sentencia sobre el consentimiento tácito?

La resolución recoge una doctrina consolidada del Tribunal Supremo.

Si una comunidad permite durante años determinadas obras sin impugnarlas:

• pierde fuerza para exigir posteriormente la reposición;
• especialmente cuando existen actuaciones idénticas realizadas por otros propietarios.

No significa que todas las obras queden automáticamente autorizadas.

Pero sí obliga a la comunidad a actuar con coherencia y aplicar el mismo criterio para todos.

La igualdad entre comuneros también forma parte de la seguridad jurídica.

Las actividades molestas también requieren cumplir la Ley

Otro aspecto relevante es que la comunidad intentó vincular el conflicto al alquiler turístico.

La Audiencia recuerda que la acción de cesación del artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal exige un procedimiento específico.

No basta con mencionar supuestos ruidos o molestias en la demanda.

Es necesario cumplir los requisitos legales previos y aportar la prueba correspondiente.

En este procedimiento la comunidad no lo hizo, por lo que esa pretensión tampoco prosperó.

¿Qué consecuencias tiene esta sentencia para las comunidades de propietarios?

Esta resolución deja varias enseñanzas prácticas:

Para las comunidades

• No toda modificación exige su retirada.
• Las prohibiciones deben apoyarse en pruebas técnicas.
• Es imprescindible actuar con el mismo criterio respecto de todos los propietarios.
• La pasividad prolongada puede convertirse en consentimiento tácito.

Para los propietarios

• Tener una terraza privativa no autoriza cualquier actuación.
• Las obras que alteren la fachada siguen requiriendo autorización cuando afecten a elementos comunes.
• Pero la comunidad también debe acreditar el perjuicio que denuncia.

La opinión de Providens Abogados

Desde Providens Abogados consideramos que esta sentencia refuerza una idea fundamental en la Ley de Propiedad Horizontal:

No basta con invocar la protección de la estética o de los elementos comunes.

La comunidad debe acreditar de forma objetiva que existe una infracción real y actuar con igualdad respecto de todos los propietarios.

Además, la resolución recuerda que el abuso de derecho también puede producirse por parte de una comunidad cuando selecciona arbitrariamente contra qué vecino ejercer acciones judiciales mientras tolera situaciones idénticas en otros inmuebles.

Cada conflicto debe analizarse individualmente, valorando el título constitutivo, los estatutos, los acuerdos comunitarios y la prueba técnica disponible.

¿Tiene un problema con su comunidad de propietarios?

En Providens Abogados asesoramos a propietarios y comunidades en procedimientos relacionados con:

• Propiedad Horizontal.
• Obras inconsentidas.
• Impugnación de acuerdos comunitarios.
• Viviendas de uso turístico.
• Actividades molestas.
• Reclamaciones entre comunidades y propietarios.

Si necesita asesoramiento jurídico especializado, nuestro equipo puede estudiar su caso y ofrecerle la estrategia más adecuada conforme a la jurisprudencia más reciente.